
La exclusión social continúa siendo una realidad persistente en Extremadura y afecta ya a uno de cada cinco ciudadanos, según se desprende del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado este jueves, 22 de mayo a las 12:30 horas, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. El acto, organizado por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y la Fundación FOESSA, reunió a representantes institucionales, entidades sociales y agentes del territorio para analizar una situación que, lejos de remitir, se consolida tras años de crisis encadenadas.
Bajo el lema #LaRealidadQueEs, el informe lanza una advertencia clara: la sociedad se encuentra ante una encrucijada. O bien se mantiene el rumbo actual, marcado por el individualismo y la desigualdad, o se apuesta por un modelo basado en el cuidado mutuo, la justicia social y la corresponsabilidad.
La vivienda, epicentro de la exclusión
Uno de los datos más preocupantes del informe sitúa a la vivienda como principal factor de exclusión social en la provincia de Cáceres. Más de 37.000 personas caen por debajo del umbral de la pobreza tras afrontar los gastos relacionados con el acceso o mantenimiento de una vivienda.
El encarecimiento del alquiler y de la compra, muy por encima de la evolución de los salarios, está dejando fuera del mercado a miles de familias. La dificultad para acceder a una vivienda digna y estable se ha convertido, así, en uno de los principales detonantes de vulnerabilidad.
Empleo precario: trabajar ya no garantiza una vida digna
El informe también pone el foco en la precariedad laboral, una realidad que afecta a unas 15.000 personas en la provincia, que viven en hogares donde el principal sustentador sufre una inestabilidad grave, marcada por la temporalidad y la incertidumbre.
FOESSA advierte de un fenómeno creciente: tener empleo ya no es garantía de inclusión social. Parte de la población ocupada continúa en situación de exclusión, lo que evidencia las limitaciones del actual modelo laboral.
La salud, condicionada por la pobreza
Otro de los ámbitos afectados es el de la salud. Cerca de 50.000 personas han tenido que renunciar a tratamientos médicos, medicamentos o productos sanitarios por motivos económicos. Esta realidad no solo refleja carencias materiales, sino que agrava las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.
Una llamada a un cambio estructural
Durante la presentación, el sociólogo Raúl Flores subrayó con contundencia que “no fallan las personas, falla el sistema”, poniendo el acento en la insuficiencia de los mecanismos de protección social para quienes intentan salir adelante.
Desde Cáritas y FOESSA se insiste en la necesidad de abordar estas problemáticas desde una perspectiva estructural, impulsando políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, el empleo digno y una protección social efectiva.
Un reto colectivo
El IX Informe FOESSA no se limita a describir la realidad, sino que interpela directamente a la sociedad. La exclusión social no es una cuestión aislada, sino un desafío colectivo que exige respuestas compartidas.
La jornada de presentación dejó claro que el momento actual exige decisiones valientes. Como señala el propio informe, se trata de elegir entre perpetuar un modelo desigual o avanzar hacia una sociedad más justa, donde nadie quede atrás.
En palabras de los impulsores del estudio, la realidad está ahí —#LaRealidadQueEs— y no puede ser ignorada.


